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Haití
Wilson Joseph, líder de la organización haitiana 400 Mawozo, solicitó la intervención urgente de la ONU tras denunciar que más de cien personas habrían perdido la vida durante operaciones con drones.
El dirigente, conocido como “Lanmò San Jou”, atribuyó los hechos a presuntas intervenciones de fuerzas salvadoreñas en comunidades de Croix-des-Bouquets, donde su organización mantiene presencia.
La solicitud fue presentada mediante una carta fechada el 12 de noviembre de 2026, dirigida a altos funcionarios de las Naciones Unidas para pedir una evaluación independiente de los acontecimientos.
Entre los destinatarios figuran António Guterres, secretario general de la ONU; Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos, y Jean-Pierre Lacroix, responsable de Operaciones de Paz.
Joseph sostuvo que las operaciones se desarrollaron en sectores vinculados a su organización, especialmente en Dimisso, pero aseguró que también resultaron afectados residentes ajenos a los enfrentamientos.
Según su denuncia, más de 50 civiles habrían perdido la vida durante intervenciones realizadas de noche, cuando numerosas familias permanecían dentro de sus viviendas.
El dirigente afirmó que algunas de las personas afectadas no tenían relación con las actividades de los grupos presentes en la zona y solicitó esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
Las cifras y acusaciones presentadas por Joseph no han sido verificadas de manera independiente, por lo que corresponden exclusivamente a la versión difundida por el representante de la organización.
En su comunicación, el líder haitiano pidió enviar una misión internacional independiente para evaluar las afectaciones materiales e identificar a las personas perjudicadas en las comunidades señaladas.
La petición incluye diez planteamientos, entre ellos la apertura de una investigación imparcial sobre los procedimientos de seguridad realizados en la comuna mencionada.
También solicitó revisar los protocolos relacionados con el uso de drones durante operaciones nocturnas, con el propósito de determinar si se respetaron las disposiciones internacionales de protección civil.
Otro de sus planteamientos consiste en examinar los mecanismos de supervisión vinculados al respaldo internacional que recibe la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).
Joseph pidió establecer medidas adicionales para proteger a los habitantes de las comunidades afectadas y promover espacios de diálogo entre las partes involucradas en las operaciones.
El representante de 400 Mawozo aseguró disponer de imágenes y otros materiales relacionados con sus denuncias, aunque indicó que decidió no divulgarlos públicamente.
Explicó que estaría dispuesto a entregar esa documentación a los organismos competentes, siempre que fuera examinada dentro de un procedimiento internacional independiente.
El dirigente sostuvo que su solicitud no pretende evitar responsabilidades por las actuaciones de los grupos organizados ni obtener beneficios especiales mediante una intervención de la ONU.
En cambio, planteó que los procedimientos de seguridad deben respetar los derechos fundamentales y las normas internacionales destinadas a proteger a quienes no participan en los enfrentamientos.
Joseph también se refirió a las relaciones entre Haití y El Salvador, al solicitar que ambos países mantengan la cooperación institucional y el respeto mutuo frente a la situación denunciada.
La comunicación pide que las diferencias relacionadas con las operaciones de seguridad no impidan el entendimiento entre ambas naciones ni las medidas de protección para sus ciudadanos.
El material difundido no incluye una respuesta oficial de las autoridades salvadoreñas ni de Naciones Unidas, y tampoco presenta una investigación que confirme las cifras denunciadas.
Ante la situación, el líder de 400 Mawozo mantiene su solicitud de investigación internacional, revisión de los procedimientos con drones y evaluación de las afectaciones denunciadas en Dimisso.
