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Haití
Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de Haití y El Salvador garantizar el respeto a los derechos humanos durante las operaciones de las fuerzas salvadoreñas desplegadas en Puerto Príncipe.
La organización hizo el llamado ante la presencia de más de 2,000 militares salvadoreños enviados para apoyar los esfuerzos contra las bandas armadas que mantienen presencia en la capital haitiana.
La directora para las Américas de la entidad, Ana Piquer, señaló que el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y el presidente Nayib Bukele deben garantizar el cumplimiento del derecho internacional.
Piquer sostuvo que el compromiso expresado por el jefe del Gobierno haitiano de no tolerar vulneraciones de derechos debe traducirse en garantías efectivas durante las operaciones.
Las bandas armadas son enfrentadas por la Policía Nacional Haitiana y la Fuerza de Supresión de Pandillas, cuya creación fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El contingente centroamericano llegó tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños que formaban parte de esa fuerza y cuyo paradero se desconoce desde el 18 de octubre.
Amnistía pidió que ambos gobiernos hagan público el acuerdo que respalda el despliegue y expliquen las reglas aplicadas al uso de la fuerza y los mecanismos de supervisión.
La organización también solicitó aclarar ante quién responden los efectivos y cómo puede la población presentar denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos sin exponerse a represalias.
Fils-Aimé había señalado que su Gobierno busca terminar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad estatal con apoyo salvadoreño y de la fuerza internacional.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó que la gran mayoría de los efectivos salvadoreños no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas.
Por esa razón, esos militares quedan fuera del mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas, de acuerdo con la explicación ofrecida.
Amnistía indicó además que las operaciones deben respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, junto con protocolos específicos para proteger a niñas y niños.
Ante la situación, la organización pidió investigaciones independientes ante cualquier denuncia y reclamó esclarecer el paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos.
