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Massachusetts, Estados Unidos
Una ciudadana estadounidense identificada como Jennifer González, vinculada con República Dominicana, fue señalada por las autoridades como presunta líder de una red dedicada a organizar matrimonios fraudulentos.
La fiscal federal de Massachusetts, Leah Foley, informó que el esquema habría funcionado durante más de diez años, mediante acuerdos matrimoniales utilizados para gestionar beneficios migratorios.
De acuerdo con la investigación, González presuntamente cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares por matrimonio, mientras coordinaba la participación de personas interesadas en regularizar su situación migratoria.
Las autoridades estiman que la organización realizaba entre 18 y 20 matrimonios al año, una actividad que habría generado ingresos millonarios durante el período investigado.
Durante una rueda de prensa, la fiscal explicó que, utilizando el cálculo más conservador, el presunto esquema habría producido al menos seis millones de dólares.
El procedimiento consistía en organizar matrimonios para presentar documentos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, con el propósito de obtener beneficios migratorios mediante información fraudulenta.
Según la acusación, los participantes buscaban conseguir un estatus migratorio legal y eventualmente acceder a la ciudadanía estadounidense mediante uniones que las autoridades consideran simuladas.
La investigación también identificó conversaciones en las que González habría explicado cómo utilizaba parte de sus ingresos para adquirir terrenos y propiedades en República Dominicana.
En una grabación citada por la fiscalía, la señalada expresó: «Cada vez que me sobra un dólar, simplemente lo invierto en una propiedad nueva en mi país», al referirse a sus inversiones.
La mujer también manifestó que disfrutaba comprar terrenos y que sus hijos visitaban República Dominicana durante las vacaciones, por lo que deseaba dejarles propiedades cuando crecieran.
La fiscal sostuvo que González no solamente habría dirigido la organización, sino que también presuntamente participó en un matrimonio fraudulento para beneficiar a un extranjero.
De acuerdo con los registros judiciales mencionados en el informe, la señalada posee antecedentes penales en Massachusetts relacionados con fraude, identidad y otros procesos judiciales.
Entre las personas identificadas como presuntos participantes figura Amara Puig, quien habría desempeñado funciones de secretaria dentro de la estructura investigada por las autoridades.
También fueron señalados Erica Daniels, Charice Alejandro, Jessica Tavares y Jalen Hill, ciudadanos estadounidenses que, según la investigación, recibían dinero de los participantes.
Las autoridades sostienen que estas personas habrían colaborado en distintas actividades relacionadas con los acuerdos matrimoniales y los pagos realizados por quienes utilizaban el servicio.
Según informó la fiscalía, la investigación identifica a González como presunta organizadora del esquema y señala a otros cinco participantes, además de documentar los cobros y las operaciones examinadas.
