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Estados Unidos
Dos dominicanos acusados de herir con un arma blanca a un detective en El Bronx enfrentan nuevas medidas migratorias, luego de que las autoridades estadounidenses emitieran órdenes de detención.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó la retención migratoria de D’Angelo Caraballo, de 25 años, y Sneider Mejía, de 24, quienes permanecen bajo custodia judicial.
Ambos están vinculados a un incidente ocurrido a principios de octubre, cuando el detective José Mercedes, que se encontraba fuera de servicio, fue abordado durante un presunto asalto.
De acuerdo con el reporte, el agente recibió 10 heridas con un arma blanca cuando presuntamente intentaban despojarlo de una cadena. El detective sobrevivió al incidente.
Los dos acusados permanecen recluidos en Rikers Island, mientras continúa el proceso judicial relacionado con los hechos ocurridos en este distrito de la ciudad de Nueva York.
Durante el procedimiento, Caraballo y Mejía se declararon no culpables de los cargos presentados por las autoridades, que incluyen tentativa de homicidio, agresión y robo.
La próxima comparecencia judicial está programada para el 3 de diciembre, fecha en la que ambos deberán presentarse nuevamente ante un juez para continuar con el proceso.
Las órdenes emitidas por ICE incorporan un componente migratorio al caso, aunque el reporte no confirma que los detenidos hayan sido transferidos a custodia de esa agencia federal.
La situación también ha generado inquietud entre dominicanos residentes en el Alto Manhattan, quienes expresaron preocupación por la posibilidad de que sean enviados a terceros países.
Entre los destinos mencionados por esos residentes figuran Congo, Uganda, Sudán, Sierra Leona, Ghana, Camerún, Ruanda y Liberia, aunque no existe confirmación de traslados para los acusados.
El reporte señala que Estados Unidos ha aplicado una política de expulsiones hacia naciones con las que algunas personas trasladadas no mantenían vínculos previos.
Entre el 20 de enero de 2025 y agosto de 2026, las autoridades estadounidenses enviaron a más de 536 personas a países africanos, de acuerdo con las cifras recogidas.
Michael Garcia Bochenek, director interino para Estados Unidos de Human Rights Watch, cuestionó esa práctica y señaló sus posibles consecuencias para las personas afectadas.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que los acuerdos con terceros países permiten ejecutar órdenes de expulsión y reducir la ocupación de los centros de detención.
El informe también atribuye a Caraballo varios arrestos anteriores en Nueva York, relacionados con infracciones de tránsito, posesión de sustancias controladas y otros señalamientos.
En el caso de Mejía, se mencionan detenciones previas relacionadas con bienes presuntamente sustraídos, herramientas utilizadas para robos y posesión ilegal de un arma.
Los antecedentes citados corresponden a registros de arrestos. La información suministrada no establece que todos esos señalamientos hayan terminado en condenas judiciales.
El reporte indica que Mejía fue interceptado por la Patrulla Fronteriza en Arizona en diciembre de 2022, cuando presuntamente intentaba ingresar sin autorización a territorio estadounidense.
Posteriormente, el 8 de mayo de 2025, un juez de inmigración ordenó su deportación a República Dominicana, según los antecedentes migratorios incluidos en la información.
Esa disposición judicial forma parte del historial del acusado, pero el reporte no confirma que exista una decisión definitiva sobre el país al que podría ser trasladado actualmente.
Las órdenes migratorias tampoco equivalen a una condena penal, debido a que los cargos relacionados con las lesiones sufridas por el detective continúan bajo conocimiento judicial.
Ante la situación, los dos dominicanos siguen recluidos en Rikers Island, con órdenes de detención migratoria emitidas por ICE y una próxima audiencia judicial pendiente.
