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Haití y El Salvador
Amnistía Internacional exigió transparencia a los gobiernos de El Salvador y Haití sobre el despliegue de unos 2,000 militares salvadoreños en territorio haitiano y las condiciones de sus operaciones.
La organización solicitó publicar el acuerdo que autoriza la presencia de esas tropas y establecer garantías para que sus actuaciones respeten los derechos humanos de la población.
El despliegue fue ordenado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como parte de una operación destinada inicialmente a localizar a cuatro soldados de su país desaparecidos en Haití.
Los militares fueron reportados como desaparecidos después de un incidente ocurrido el 18 de octubre en Puerto Príncipe, cuando el vehículo blindado en el que regresaban a su base fue interceptado.
Los cuatro efectivos pertenecen a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por Naciones Unidas que participa en las labores de seguridad en territorio haitiano.
Antes de ese incidente, El Salvador tenía aproximadamente 200 militares asignados a la misión, una cantidad considerablemente inferior al contingente desplegado posteriormente.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que ambos gobiernos deben garantizar el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos.
La organización también reclamó información sobre los mecanismos de supervisión de las tropas, las reglas que regulan el uso de la fuerza y las autoridades responsables de sus actuaciones.
Otro de sus planteamientos consiste en establecer procedimientos para que los ciudadanos haitianos puedan denunciar posibles abusos sin temor a represalias durante las operaciones militares.
El pronunciamiento se produjo después de que Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, aclarara la situación del contingente salvadoreño.
Según explicó el representante de la ONU, la mayoría de los militares enviados no pertenece a la fuerza multinacional, por lo que sus actividades quedan fuera del mandato de esa misión.
Esa condición también significa que dichos efectivos no están comprendidos dentro de los mecanismos de seguimiento establecidos por Naciones Unidas para la operación internacional.
El mandatario salvadoreño había señalado inicialmente que el objetivo era recuperar a los cuatro soldados, aunque sus declaraciones posteriores mencionaron propósitos más amplios frente a las pandillas.
Analistas y críticos del gobierno de Bukele han cuestionado la falta de información pública sobre el despliegue y han planteado dudas acerca del alcance de sus objetivos en Haití.
Amnistía Internacional advirtió que las operaciones de seguridad pueden aumentar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una situación humanitaria difícil en el país caribeño.
La entidad también ha formulado señalamientos sobre posibles abusos durante las medidas de seguridad aplicadas por el gobierno salvadoreño contra las agrupaciones delictivas.
Ante la situación, Amnistía Internacional mantiene su solicitud de publicar el acuerdo militar, aclarar los mecanismos de supervisión y establecer el paradero de los cuatro soldados desaparecidos.
