Abogados exigen respuestas en caso de niña fallecida en Santiago

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Santiago, República Dominicana

A más de tres meses del fallecimiento de Stephora Anne-Mircie Joseph, niña de 11 años que perdió la vida durante una excursión organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci, los abogados de la familia denunciaron omisiones procesales y falta de respuesta por parte del Ministerio Público en torno a diligencias clave del caso.

Los representantes legales Miguel Valdemar y Shesnell Calcaño cuestionaron el retardo en la solicitud de medidas de coerción contra otras personas presuntamente responsables, incluyendo al presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci Inc., al director del centro, Freddy Núñez, y a encargados del lugar donde ocurrió la tragedia, Hacienda Los Caballos.

Valdemar explicó que la solicitud fue presentada desde el pasado 10 de diciembre, día en que se conocieron medidas de coerción contra tres profesoras, pero desde entonces la petición ha sido objeto de múltiples reenvíos judiciales sin decisión de fondo.

“El expediente ha sido rebotado entre la jueza de Atención Permanente, el juez coordinador de Instrucción y ahora el Cuarto Juzgado de la Instrucción, que no tiene competencia sobre este tipo de casos”, advirtió, al señalar que dicho tribunal solo trata violencia de género y delitos sexuales.

Los abogados también denuncian que el Ministerio Público no ha dado curso a diligencias solicitadas formalmente, como el interrogatorio a los niños que participaron en la excursión ni la entrega completa del video que registró lo sucedido durante la actividad.

Calcaño calificó de preocupante que tampoco haya respuesta del Tribunal Constitucional, pese a que la Suprema Corte de Justicia ha afirmado públicamente que no existen retrasos en el sistema judicial. En su opinión, los avances del caso contrastan con esa declaración.

Recordó que existen precedentes que reconocen el derecho de las víctimas a solicitar medidas de coerción contra personas no incluidas en la acusación inicial del Ministerio Público, sin necesidad de ser canalizadas exclusivamente por la fiscalía.

Según se afirmó, la defensa de la familia continuará insistiendo hasta que se tomen medidas contra todos los responsables del suceso, para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en actividades escolares organizadas sin controles suficientes.