Doctora de Senasa 2.0 es vinculada a clínica que Salud Pública señaló que operaba sin autorización
hace 1 hora
Noticias República
Santo Domingo
La ginecóloga Griselda Altagracia Basora Ramírez, imputada en el caso Senasa 2.0, figura además como propietaria de una clínica investigada por Salud Pública en Santo Domingo Este.
Basora integra el grupo de 22 médicos y empleados vinculados al expediente, bajo señalamientos del Ministerio Público por cobros de consultas y procedimientos que presuntamente no fueron realizados.
A la especialista se le atribuye presentar reclamaciones ante la ARS estatal por supuestos procedimientos ginecológicos asociados a hombres, conforme señala la solicitud de medida de coerción.
El expediente indica que fueron sometidas dos reclamaciones médicas vinculadas con diagnósticos y procedimientos que las autoridades describen como incompatibles con la condición biológica del afiliado.
La doctora también aparece como propietaria de la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, establecimiento que Salud Pública señaló que operaba sin autorización.
En ese centro, Enmanuel Hernández, identificado como barbero y sin formación médica, realizó una liposucción a Rebecca Brizard, joven de 28 años que posteriormente tuvo un desenlace fatal.
Juan Gerardo Mesa, director de Habilitación de Salud Pública, afirmó que la clínica funcionaba de manera clandestina y señaló que no disponía de equipos necesarios para determinadas intervenciones.
Las autoridades requirieron la comparecencia de Basora tras aquel caso. La profesional no acudió al primer citatorio, aunque posteriormente respondió a otro llamado y fue entrevistada.
Durante un allanamiento relacionado con Operación Cobra 2.0-A, las autoridades ocuparon documentos societarios vinculados con la clínica y con el Centro Médico de Salud Integral y Cirugía Estética CEMESICE.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra la ginecóloga y otros imputados, mientras el tribunal tiene previsto comunicar su decisión sobre la medida de coerción.
Una afiliada, María de los Ángeles Flores Ovando, también presentó una querella civil y reclama una indemnización de 20 millones de pesos por presunto uso de sus datos y firma.
La reclamante sostiene que sus datos fueron utilizados para facturar estudios y procedimientos que asegura nunca recibió, señalamiento incluido dentro de las acciones relacionadas con el expediente.
Según se informó, el juez de la Oficina de Atención Permanente tiene previsto comunicar a las 7:00 de la noche su decisión sobre la medida solicitada contra los imputados.