Trump impulsa nueva medida que permitiría multas de hasta US$3,500 en cortes de inmigración
hace 2 meses
Noticias República
Estados Unidos
El Gobierno del presidente Donald Trump propuso una nueva normativa que otorgaría a los jueces de inmigración la facultad de imponer multas civiles de hasta 3,500 dólares a inmigrantes, abogados o testigos que incumplan las órdenes emitidas durante los procesos migratorios.
La iniciativa forma parte de un nuevo paquete de medidas que busca endurecer el funcionamiento de las cortes de inmigración.
La propuesta, presentada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EIRO), establece que los jueces podrán aplicar sanciones de entre 1,000 y 3,500 dólares cuando una persona persista en desacatar las instrucciones del tribunal.
De aprobarse, sería la primera vez que estos magistrados contarían con esa autoridad para imponer este tipo de penalidades.
Uno de los aspectos que más cuestionamientos ha generado es que la norma no permitiría sancionar por desacato a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), una diferencia que ha despertado críticas entre especialistas en derecho migratorio y organizaciones del sector.
El director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), Gregory Chen, afirmó a CBS que la propuesta está "totalmente sesgada" y consideró que representa un nuevo intento de ejercer presión sobre los abogados que representan a inmigrantes en los tribunales.
Las cortes de inmigración en Estados Unidos dependen del Departamento de Justicia y forman parte de la rama ejecutiva del Gobierno, una estructura que ha sido objeto de críticas debido a que permite realizar cambios administrativos sin pasar por el sistema judicial federal.
La propuesta permanecerá abierta durante 60 días para recibir comentarios del público a través del Registro Federal.
Paralelamente, la Administración ha reforzado otras medidas económicas contra inmigrantes, incluyendo el envío de avisos de cobro por 998 dólares por cada día de permanencia tras una orden de salida, con casos en los que las sanciones acumuladas han superado 1.8 millones de dólares.
Según se informó, el período de consulta pública continuará antes de que las autoridades decidan si la normativa entra en vigor, mientras el Gobierno mantiene su estrategia de endurecer las políticas migratorias mediante nuevas disposiciones administrativas.