Demandan al Gobierno de Trump por un plan que compartiría datos de familias con agencias migratorias

hace 3 horas

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Estados Unidos

Una coalición de 23 fiscales generales y dos gobernadores presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para impedir la implementación de un sistema que, según los demandantes, permitiría compartir información confidencial de familias beneficiarias de asistencia pública con agencias federales, incluidas las encargadas de asuntos migratorios.

La acción judicial se centra en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), uno de los principales mecanismos de ayuda económica para hogares de bajos ingresos en Estados Unidos.

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) de USA

Cada año, los estados reciben más de 16,000 millones de dólares en subvenciones federales para financiar este programa.

La demanda fue presentada por los fiscales generales Rob Bonta, de California; Letitia James, de Nueva York; y Brian Schwalb, del Distrito de Columbia, junto con otros estados.

Rob Bonta floats changing violent crime definition - CalMatters

Los demandantes buscan frenar la entrada en vigor de un sistema de registros conocido como SORN, que estaría vinculado a las solicitudes de beneficios del programa TANF.

Según la querella, el nuevo mecanismo permitiría compartir de manera amplia datos personales de los beneficiarios con entidades federales, estatales e incluso privadas, incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Departamento de Seguridad Nacional de EEUU sobre Venezuela: "Hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia"

Los estados sostienen que esta medida ampliaría significativamente el acceso del Gobierno federal a información sensible de familias y menores que reciben asistencia.

Según se informó, la coalición solicita a un tribunal federal invalidar la implementación del sistema al considerar que vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo, la Computer Matching Act y la Cláusula de Gasto de la Constitución. La demanda cuenta con el respaldo de fiscales generales de 23 estados y de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.

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