USCIS anuncia cambio que puede afectar la residencia permanente de miles de inmigrantes en EE. UU.
hace 9 horas
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Estados Unidos
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) modificará los criterios utilizados para evaluar algunas solicitudes de residencia permanente y ajuste de estatus en Estados Unidos, permitiendo que los funcionarios consideren el uso de determinados beneficios públicos al analizar si un solicitante puede mantenerse económicamente sin depender de programas financiados por el Estado.
La medida forma parte de la actualización de la denominada política de carga pública y amplía los elementos que podrán revisar los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) durante el estudio de cada expediente.
La normativa reemplaza el criterio aplicado desde 2022, que limitaba la evaluación principalmente a la asistencia económica en efectivo para mantenimiento de ingresos y a la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno.
Con la nueva disposición, los oficiales podrán considerar la solicitud, aprobación o recepción de cualquier beneficio público sujeto a verificación de ingresos o recursos, siempre que haya sido recibido a partir del 18 de septiembre, fecha prevista para la entrada en vigor de la regulación.
Entre los factores que continuarán formando parte de la evaluación individual figuran la edad, el estado de salud, la composición del grupo familiar, la situación económica y la capacidad del solicitante para mantenerse por sus propios medios.
El DHS indicó que las decisiones seguirán basándose en un análisis integral de cada caso y no en un único criterio.
La actualización también incorpora al proceso de evaluación programas como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP), el programa WIC, determinadas ayudas alimentarias, subsidios federales de vivienda, vales de alquiler, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y otros beneficios estatales o locales sujetos a requisitos económicos.
Al mismo tiempo, las autoridades aclararon que algunos programas permanecerán excluidos de este análisis, entre ellos los beneficios del Seguro Social por aportes, las pensiones gubernamentales, el seguro por desempleo, los beneficios para veteranos y los servicios públicos disponibles para toda la población sin evaluación de ingresos.
Como parte de la reforma, USCIS publicará una nueva versión del Formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus o la residencia permanente.
Ese documento incluirá preguntas relacionadas con la recepción de beneficios públicos y reemplazará a las versiones anteriores una vez la nueva normativa entre en vigor.
El portavoz de USCIS, Zach Kahler, afirmó que la administración busca fortalecer la aplicación de la legislación migratoria y proteger los recursos públicos, al tiempo que promueve la autosuficiencia económica de quienes solicitan beneficios migratorios.
De manera oficial, el DHS informó que los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre continuarán evaluándose bajo la normativa vigente desde 2022.
Sin embargo, cualquier ayuda económica sujeta a verificación de ingresos utilizada a partir de esa fecha podrá ser incorporada al análisis migratorio conforme a los nuevos criterios establecidos por la agencia.