Nueva ley impide a ICE realizar ciertos arrestos sin orden judicial en Massachusetts
hace 5 horas · Actualizado hace 5 horas
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Estados Unidos
El estado de Massachusetts aprobó una nueva ley que amplía las restricciones a los arrestos civiles realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espacios como tribunales, escuelas públicas, guarderías y centros de salud, siempre que los agentes no cuenten con una orden judicial.
La medida fue promulgada por la gobernadora Maura Healey.
La legislación había sido aprobada previamente por la Cámara de Representantes y el Senado estatal.
Tras su firma, Healey afirmó que la norma establece algunas de las protecciones más amplias del país frente a este tipo de actuaciones, al limitar los arrestos civiles de inmigración en lugares considerados sensibles.
Además de ampliar estas restricciones, la ley prohíbe la firma de nuevos acuerdos que permitan a funcionarios estatales y locales asumir determinadas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
No obstante, mantiene vigente la colaboración existente entre el Departamento Correccional de Massachusetts y ICE.
La norma también incorpora a la legislación estatal el precedente fijado por la decisión Lunn v. Commonwealth, emitida por la Corte Suprema Judicial de Massachusetts en 2017, que establece que las autoridades estatales no pueden mantener detenida a una persona por más tiempo únicamente a petición de las autoridades federales de inmigración.
La nueva legislación complementa otras medidas adoptadas por la administración de Maura Healey, entre ellas la Orden Ejecutiva 650, que limita los arrestos civiles de ICE en áreas no públicas de instalaciones estatales sin una orden judicial y restringe nuevos acuerdos de cooperación migratoria entre agencias estatales y federales.
Según se informó, la administración estatal también ha emitido orientaciones dirigidas a escuelas, universidades, centros de salud, guarderías y lugares de culto sobre cómo actuar ante la presencia de agentes migratorios, mientras la fiscal general Andrea Campbell mantiene disponible una guía con información sobre los derechos de los inmigrantes durante estos procedimientos.