Transportar efectivo sin declarar puede cambiar tu viaje por completo

hace 4 semanas · Actualizado hace 3 semanas

Noticias República
Santo Domingo, República Dominicana

Llevar más de 10,000 dólares sin declarar al ingresar o salir del país puede convertirse en un problema legal de alto impacto, según las autoridades, que han reforzado los controles en aeropuertos.

La normativa establece que cualquier monto superior a esa cifra debe ser declarado ante la Dirección General de Aduanas (DGA), de lo contrario el caso pasa de un trámite administrativo a un proceso penal.

En operativos recientes, la entidad informó la retención de más de US$426,400 en divisas no declaradas en terminales aéreas, lo que evidencia el alcance de las inspecciones y los sistemas de control.

Uno de los casos más relevantes se registró en el Aeropuerto Internacional del Cibao, donde un pasajero transportaba 350,352 dólares ocultos en su equipaje, detectados mediante rayos X.

En esa misma terminal, fueron retenidos otros 76,050 dólares a dos viajeros, incluyendo una mujer haitiana y un pasajero turcocaiqueño, ambos sin haber declarado el dinero ante las autoridades.

Cuando se detecta efectivo no declarado, las autoridades proceden a su incautación inmediata, quedando bajo custodia del Estado mientras se investiga la procedencia de los fondos.

El proceso pasa al Ministerio Público, donde se abre una investigación formal, ya que no declarar el dinero se considera contrabando, independientemente de si los fondos son legales.

Las sanciones pueden incluir penas de 3 a 5 años de prisión, multas de hasta cinco veces el monto transportado y la retención del dinero durante todo el proceso judicial.

Si el portador no logra demostrar el origen del dinero con documentos válidos, las autoridades pueden disponer su decomiso definitivo, quedando el efectivo en manos del Estado.

Según se informó, quienes logren justificar la procedencia del dinero pueden recuperarlo, aunque el proceso requiere validación judicial y puede extenderse durante meses bajo supervisión legal.

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